El gobierno nacional se ató al mástil del «déficit cero» como dogma inquebrantable, pero en los pasillos del Congreso, la realidad tiene otro precio. A medida que el reloj legislativo descuenta los minutos para el cierre del período de sesiones ordinarias, los mandatarios provinciales han decidido hacer valer el peso específico de sus legisladores. No es un capricho opositor; es pura supervivencia fiscal.

Reunión de funcionarios alrededor de una larga mesa de conferencias en un salón oficial decorado con una lámpara de araña y banderas.

El bloque del Centro: la batalla por las cajas Los gobernadores de la Región Centro (con el peso pesado de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a la cabeza) lideran la ofensiva más técnica de la negociación. Su exigencia central no pasa por promesas al viento, sino por números duros: la compensación por los abultados déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. Estos mandatarios, líderes de los bloques dialoguistas, saben que sus votos en la Cámara Baja son el puente de plata que el oficialismo necesita para lograr el dictamen de mayoría, y dejaron claro que no van a cruzarlo sin garantías reales de pago.

La muralla Patagónica y la supervivencia del Norte En el sur del mapa, la liga de gobernadores patagónicos presiona sobre un nervio distinto pero igual de sensible: la reactivación de la obra pública estratégica, las rutas nacionales abandonadas y la infraestructura energética. Para el bloque patagónico, avalar un Presupuesto que mantenga el freno total a la obra pública es insostenible en sus territorios.

En paralelo, los caciques del Norte Grande pelean por evitar que la tijera fiscal corte los hilos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Piden que la Nación ponga sobre la mesa la coparticipación de ciertos impuestos para oxigenar las cuentas provinciales frente a la caída de la recaudación.

¿Quién parpadea primero? En este juego de póker de alta tensión, ambas partes tienen algo que perder. El Ejecutivo necesita imperiosamente aprobar la «ley de leyes» para enviar una señal de gobernabilidad blindada a los mercados y a los organismos internacionales. Sin embargo, los gobernadores saben que, en caso de naufragar el acuerdo, el Gobierno tiene la carta de prorrogar el presupuesto actual y manejar los excedentes inflacionarios a pura discrecionalidad.

El desafío de estas horas es pura relojería política: los gobernadores proponen reasignar partidas y eliminar exenciones impositivas de algunos sectores para fondear a las provincias sin tocar la sagrada regla del equilibrio fiscal. El tablero está trabado, los teléfonos arden y la única certeza es que, en este Congreso, ya nadie firma un cheque en blanco

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